Según consta en el proyecto de Ley de residuos y suelos contaminados que el Consejo de Ministros aprobará «en breve», a partir del 1 de enero de 2022, será obligatoria la clasificación separada de los residuos de construcción y demolición no peligrosos, como por ejemplo el hormigón, los ladrillos, los azulejos, la cerámica y la piedra por un lado, pero también los metales, el vidrio, el yeso y el plástico. También afecta esto a quienes hagan una reforma en su vivienda.

Así mismo, los ayuntamientos españoles deberán disponer antes de 2023 de un censo de edificios e infraestructuras que contengan amianto así como un plan para su eliminación.


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